No nos van a callar

Trastocando una vez más la Constitución Política de Nicaragua e irrespetando los derechos ciudadanos  nicaragüenses, y un día después de promover la aprobación de un Anteproyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, ayer de manera rápida el régimen Ortega Murillo aprobó por Decreto la denominada Estrategia  Nacional de Ciberseguridad, que no es más que la nueva modalidad de represión contra los nicaragüenses.  

Esta violación a la constitución se suma a la promoción de una Ley de cadena perpetua a quien realice “crímenes de odio”, lo que fue anunciado el 15 de septiembre pasado manipulando los crímenes contra mujeres, específicamente ante el asesinato cometido en contra de dos niñas en Mulukukú.  

En este mismo mes de Septiembre, el gobierno está promoviendo una iniciativa denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que no es mas que un instrumento más de represión en contra de las personas,  organizaciones que defienden derechos humanos en Nicaragua, pero sobre todo arremete contra la oposición  queriendo ahogar todos los esfuerzos organizativos de las diferentes organizaciones. 

Desde la rebelión del pueblo nicaragüense iniciada en abril de 2018 el régimen ha venido refiriéndose a la  oposición y medios de comunicación de divulgar lo que ella considera “noticias falsas”. Desde que prohibieron marchas, cerraron medios de comunicación y han obstaculizado la labor de periodistas independientes, las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en los espacios donde la población  plantea denuncias y arbitrariedades de la dictadura. 

Con la aprobación ayer del Decreto que limita el derecho el derecho a la libertad de expresión por el  ciberespacio y todo tipo de plataforma digital, el régimen está demostrando la desesperación por que no ha  podido acallar las voces que continúan exigiendo un basta ya de dictadura Ortega Murillo. 

Desde la Coalición Nacional condenamos y rechazamos esta nueva arbitrariedad y represión a la libertad de  expresión, y principalmente la obstaculización al derecho de informar y ser informado contemplado en la  Constitución Política nicaragüense. Hemos mandado un informe a la comunidad internacional y organismos  de derechos humanos y empezaremos el proceso para ingresar un recurso de amparo ante la Corte Suprema  de Justicia que servirá como precedente y como un instrumento importante ante la justicia internacional.  No nos van a callar.